El mercado de banda ancha ("broadband") para Internet no ha seguido las pautas de los mercados de larga distancia y celulares. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es una de las tecnologías más populares para conexiones de alta velocidad porque permite usar los mismos cables de cobre que se usan para líneas telefónicas residenciales pero al no pasar por el conmutador (switch) para llegar al ISP no está limitado a los 56 Kbps de las conexiones tradicionales. ADSL permite velocidades de hasta 9000 Kbps (el límite más típico es 1500 Kbps por limitaciones de distancia) y permite transmitir voz usando otra frecuencia en la misma línea, permitiendo al abonado usar Internet y hacer llamadas con el mismo par de cables telefónicos que usaba para el teléfono. Una interpretación simple de la Ley de 1996 indicaría que las compañías telefónicas están obligadas a permitir a sus competidores usar estas líneas usando tarifas basadas en su costo.

Desafortunadamente, las compañías telefónicas han argumentado ante el FCC que a medida que los requisitos de banda ancha aumentan, se necesitan inversiones significativas en nueva infraestructura. Si el mercado eventualmente va a requerir sobre 10 Mbps esta cablería de cobre debe ser sustituida por fibra óptica u otra alternativa. Esto motivó el proyecto de ley Tauzin-Dingell a principios del 2002 para regular la competencia en broadband con criterios diferentes que los que se usan en otros componentes de la infraestructura telefónica. Este proyecto aún no se ha convertido en ley y ha sido fuertemente criticado por proteger las compañías telefónicas a costa del consumidor. El proyecto Breaux-Nickles es otro intento en esta área que tambien ha sido criticado. Un estudio de Stanford demuestra que los argumentos usados por las compañías telefónicas no son válidos y lo que hacen es atrasar el avance del mercado de "broadband" limitándolo a los niveles de precio y servicio que quieran ofrecer las compañías telefónicas. Tampoco es justo restringir el uso de cablería existente con el pretexto de justificar una inversión futura en nueva infraestructura. El mismo argumento se pudiera hacer en otros mercados como los de larga distancia y celulares donde sería totalmente contraproducente para el consumidor.

En Puerto Rico la compañía telefónica (donde Verizon es el accionista principal) comenzó a instalar circuitos ADSL en volumen durante el verano de 2001. En ese momento la situación regulatoria aparentaba requerir acceso igual por lo que extraoficialmente su gerencia indicaba que los abonados tendrían libre selección en ADSL para fines de 2001. Después del proyecto Tauzin-Dingell, la compañía telefónica regresó a las tácticas monopolizadoras previas a la Ley de 1996 y no ha ofrecido esta libre selección de ISP a sus abonados de ADSL. Esto quiere decir que no hay compañía en Puerto Rico que pueda ofrecer mayor velocidad o mejores precios en ADSL usando la cablería residencial existente. Esto hace que ofrecimientos de 768 Kbps por $ 40 mensuales, comunes en EU, no estén disponibles en Puerto Rico. La experiencia en Corea hace claro que bajas tarifas son clave para hacer el acceso de alta velocidad accesible en alto volumen. Allá la competencia ha producido tarifas tan bajas como $ 25 mensuales, nivel que no sería posible en Puerto Rico con la presente actitud monopolizadora de la compañía telefónica.

Aunque es uno de los accionistas principales de la compañía telefónica, el gobierno local no ha tomado acción para promover la libre competencia y lograr este gran beneficio para el pueblo. Sin una intervención gubernamental o una protesta masiva de los consumidores estamos obligados a aceptar lo que la compañía telefónica esté dispuesto a ofrecernos, irrespectivo de que sea o no competitivo con ofrecimientos en otros lugares. La legislatura puede requerir a la compañía telefónica abrir el mercado de banda ancha basado en principios de libre competencia y justicia social.

Rev: 30-Oct-02